Clamor Nacional por la Vivienda Digna: Masiva Protesta Contra Desalojos Arbitrarios en la Capital
Santo Domingo, D.N. – Comunidades y organizaciones sociales procedentes de 11 sectores del Gran Santo Domingo protagonizaron hoy una enérgica marcha de protesta en la capital dominicana. La manifestación se concentró frente al Congreso Nacional y la Oficina del Abogado del Estado en Santo Domingo, exigiendo un alto inmediato a los desalojos forzosos y arbitrarios que han afectado a cientos de familias.
Los residentes de sectores como La Mina (San Isidro), Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén (Santo Domingo Este), Las Malvinas y Arroyo Lindo (Distrito Nacional), y El Carril (Bajos de Haina), entre otros, denunciaron que a pesar de haber vivido por décadas en los terrenos, y de que el propio Estado ha instalado en ellos servicios básicos, enfrentan desalojos y amenazas de expulsión, intensificadas desde el año 2021.
Demanda de Regulación y Acusación Directa
La principal demanda de los manifestantes es la creación urgente de un marco regulatorio que prevenga los desalojos arbitrarios y garantice la estabilidad habitacional de las familias.
Los afectados señalaron directamente a la Oficina del Abogado del Estado, acusándola de estar emitiendo órdenes de desalojo sin cumplir con el debido proceso, profundizando así la vulnerabilidad de cientos de personas y agravando el déficit habitacional del país. Argumentan que estos actos vulneran derechos constitucionales fundamentales, en particular el de la vivienda digna (Artículo 59), y contravienen lo estipulado en la Ley 107-13, que exige una motivación y notificación formal para cualquier acto administrativo.
Llamado al Congreso
En un intento por encontrar una solución legislativa, los líderes comunitarios hicieron un llamado explícito al Congreso Nacional para que dé curso al proyecto sometido por el senador Antonio Taveras. Dicho proyecto busca declarar de utilidad pública los sectores actualmente en conflicto, lo que protegería a las familias de futuras expulsiones.
La protesta subraya la tensión creciente entre la necesidad de propiedad y el derecho social a una vivienda estable y digna.
