Grecia endurece su ley migratoria con penas de cárcel de 10 años para cooperantes de ONG

 Atenas, Grecia. — En una sesión marcada por la fuerte división política, el Parlamento griego aprobó este jueves un nuevo código migratorio que escala drásticamente las sanciones contra quienes asistan en la entrada irregular de personas al país. La ley, impulsada por el partido gobernante Nueva Democracia, tiene como objetivo principal endurecer el control fronterizo y disuadir la colaboración de entidades privadas en los flujos migratorios.

La normativa establece condenas de al menos 10 años de prisión para miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) o individuos particulares que faciliten el ingreso ilegal de migrantes. Además del encarcelamiento, el marco legal impone castigos financieros severos: multas que parten de los 50.000 euros, especialmente en casos donde se detecte un ánimo de lucro.

La reforma también golpea la operatividad de estas entidades al limitar drásticamente su acceso a la financiación pública y otorgar al Ministerio de Migración la potestad de retirar del registro oficial a cualquier organización basándose únicamente en la apertura de una investigación penal contra uno de sus miembros.

Mientras que el Ejecutivo defiende la medida como una herramienta necesaria para combatir el tráfico de personas, la oposición de izquierda rechazó en bloque el texto, denunciando lo que consideran una «criminalización de la ayuda humanitaria». Por su parte, organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Human Rights Watch han alertado que estas penas draconianas podrían impedir labores de salvamento vitales en el Mediterráneo.