Ministerio Público solicita prisión preventiva para turba que asesinó a camionero en las puertas del Palacio de Justicia de Santiago

Santiago, República Dominicana. – El Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra siete individuos acusados de protagonizar una brutal persecución que culminó en el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de desechos sólidos.

El crimen, calificado por las autoridades como un acto de «turba criminal», ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, lugar al que la víctima se había dirigido desesperadamente en busca de protección tras ser perseguido por varios kilómetros.

Según la investigación del Departamento de Violencias Físicas (Homicidios) de la Fiscalía de Santiago, el conflicto inició en el sector Ensanche Bermúdez tras un supuesto roce vehicular. A pesar de que Abreu Quezada intentó evadir el enfrentamiento al notar la actitud violenta de los motociclistas, fue interceptado, perseguido y finalmente alcanzado en el parqueo del recinto judicial.

De acuerdo con las pruebas recopiladas, los imputados rodearon a la víctima al grito de «mátalo, mátalo», frases que quedaron registradas en videos de seguridad utilizados como evidencia. Fue en este punto donde uno de los agresores le propinó una estocada mortal con un cuchillo de caza de color negro en la pierna derecha, herida que le causó la muerte mientras recibía atenciones médicas.

La solicitud de medida de coerción recae sobre:

• Adony Antonio Ureña Ventura

• Andrés Monclú González

• Carlos Andrés Roa Morán

• Miguel García Balbuena

• Joanfry Joel Núñez

• Juan Carlos Soto Ortiz

• Kevin Francisco Metz Cruz

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, enfatizó la gravedad de la conducta delictiva, señalando que el desenlace fatal evidencia una clara intención de hacer daño. Por su parte, la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, ha instruido a los fiscales a mantener una postura firme, solicitando que se presenten cargos por homicidio voluntario, asociación de malhechores y violación a la Ley de Armas.

Las fiscales asignadas al caso, Joanna García Rivas y Luisa García, han asegurado contar con pruebas materiales, documentales y testimoniales suficientes para sustentar la acusación ante el tribunal, desestimando cualquier indicio de que los agresores hubieran sufrido lesiones durante el incidente.