Las denunciantes, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, señalan presuntos hechos que habrían ocurrido mientras trabajaban para el cantante en el Caribe. Sin embargo, las acusaciones todavía deben ser evaluadas por las autoridades judiciales.

El caso representa un cambio respecto a la postura inicial de la Fiscalía, que en enero archivó una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para conocer los hechos. Posteriormente, en septiembre se presentó una segunda denuncia que podría ser tramitada por la justicia española.

Ahora, corresponde a la Audiencia Nacional determinar si existen fundamentos para iniciar una investigación sobre las acusaciones presentadas.

Por su parte, Julio Iglesias ha rechazado las denuncias y niega haber abusado o coaccionado a alguna mujer.

El caso permanece pendiente de una decisión judicial, por lo que todavía no se ha determinado si se abrirá formalmente una investigación en España.