Asamblea de los Estados Partes de la CPI podría condenar a Mongolia si no arresta a Putin en su territorio

La Haya (EFE).- El viaje del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a Mongolia, Estado parte de la Corte Penal Internacional (CPI), pone a prueba la política de neutralidad del pequeño país asiático y el alcance de las instituciones internacionales.

El desplazamiento de Putin, que llegó a Mongolia el 2 de septiembre, se produce en el marco de la conmemoración de una victoria militar de Rusia y Mongolia en la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en la primera vez que el presidente ruso visita un país miembro de la CPI desde que el organismo emitió una orden de arresto en su contra en 2023.

El Tratado de la CPI, el Estatuto de Roma, establece que los Estados miembros del mismo deben actuar si una persona que es objeto de una orden de arresto entra en su territorio.

La CPI recordó la semana pasada que sus países miembros tienen la “obligación” de detener a los individuos contra los que existe una orden de detención y había pedido el pasado viernes 30 de agosto, a Mongolia que coopere con ese tribunal y detenga al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en su visita a ese país el 3 de septiembre.

En la práctica, la CPI carece de un mecanismo de ejecución eficaz, y los Estados miembros pueden estar exentos de realizar detenciones si hacerlo entra en conflicto con ciertas obligaciones del tratado o con la inmunidad diplomática.

Si Mongolia no reacciona, la CPI podría remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes.

Esa asamblea, que se reúne una vez al año, a su vez podría condenar la violación de Mongolia a través del llamado “procedimiento de incumplimiento”.

Sin embargo, las eventuales sanciones de la asamblea se limitan esencialmente a una amonestación verbal.

Otra opción sería que el tribunal lo remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), lo que implicaría consecuencias desde el punto de vista jurídico, diplomático y de reputación.