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Chile–China Express: Cable Submarino Genera Alarma por Opacidad y Riesgo de Vigilancia en América Latina

El proyecto de infraestructura digital conocido como «Chile–China Express», un cable submarino que busca conectar la costa chilena con Hong Kong y que sería gestionado por empresas vinculadas al gobierno chino, avanza en Chile rodeado de un inusual secretismo que ha despertado serias preocupaciones a nivel geopolítico y de soberanía digital en la región.

El cable, cuya ubicación principal de los sucesos se centra en Chile, ha sido puesto bajo escrutinio debido a la opacidad en su gestión. A diferencia de proyectos competidores, como el «Humboldt» (impulsado por Google y Chile), del «Chile–China Express» no se conocen públicamente los detalles sobre su financiamiento, socios o términos contractuales, y ha evitado pasar por procesos de licitación abiertos.

Alerta Geopolítica por Leyes de Inteligencia China

 

La principal alarma de expertos y analistas se centra en los riesgos de vigilancia y la potencial amenaza a la soberanía digital de los países latinoamericanos. Esto se debe a que las leyes de inteligencia chinas (incluidas la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Inteligencia Nacional) obligan a las empresas del gigante asiático a cooperar con el régimen y entregar datos cuando se les solicite, incluso si estos se generan fuera de China.

Este factor convierte el cable en una potencial herramienta estratégica para la expansión de la influencia digital de China en la región. Aunque la conexión inicial es en Chile, el carácter transnacional del proyecto implica que naciones vecinas como Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador podrían utilizar esta infraestructura para enrutar una parte significativa de su tráfico digital.

Control de la Infraestructura Digital

 

El «Chile–China Express» es visto por la comunidad internacional como una pieza clave dentro del plan quinquenal de China para lograr un dominio global de las telecomunicaciones y el control de la infraestructura digital crítica. Los expertos advierten que, de materializarse, el proyecto podría poner en disputa el control de los datos y, consecuentemente, la soberanía de las democracias latinoamericanas al otorgar a un estado extranjero la llave de paso de una infraestructura de comunicación vital.

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