Crisis en Gabes: Séptimo aplazamiento judicial prolonga la agonía ambiental en Túnez

La justicia tunecina ha vuelto a postergar una decisión crucial para la salud pública en el norte de África. Por séptima vez consecutiva, el tribunal de la ciudad de Gabes ha decidido retrasar el veredicto sobre el futuro del polémico complejo químico de fosfatos que opera en la región. La nueva cita judicial se ha fijado para el próximo 12 de febrero, dejando en un limbo legal una situación que los expertos ya califican de «emergencia humanitaria».

La problemática se localiza exactamente en el puerto industrial de Gabes, situado en el golfo de Gabes (este de Túnez). Este enclave es mundialmente reconocido por ser uno de los pocos oasis marítimos del planeta, un ecosistema único que hoy se ve asfixiado por la industria pesada.

El impacto en la población local es devastador. Según datos del Consejo Regional de Médicos, más de 1,000 residentes presentan daños respiratorios crónicos derivados de las fugas de gases tóxicos. La ONG Stop Pollution, que lidera las movilizaciones ciudadanas, exige el desmantelamiento inmediato de las plantas para frenar lo que consideran un «ecocidio» sistemático.

Mientras la comunidad local clama por el cierre de las instalaciones, el Gobierno de Kais Said mantiene una postura centrada en la rentabilidad económica. El Ejecutivo ha propuesto una inversión de 200 millones de dinares (aproximadamente 59 millones de euros) para modernizar la infraestructura. Esta medida es vista por los activistas como una maniobra para perpetuar la actividad industrial, priorizando los beneficios del fosfato sobre la vida de los ciudadanos de Gabes.