Ecuador deplora asesinato de fiscal, un golpe a su «guerra» declarada al crimen organizado
Ecuador trata todavía de asimilar el asesinato del fiscal César Suárez, un golpe del crimen organizado en medio de la «guerra interna» declarada por el Gobierno a las bandas delincuenciales, planteada para detener la escalada de violencia y terror que protagonizaron la semana pasada.
La captura de los sicarios que asesinaron al fiscal César Suárez es ahora una de las principales prioridades de las autoridades del país, que antes de este crimen trataba de recuperar la normalidad en las calles de las principales ciudades bajo una tensa y persistente calma.
Horas después del mortal atentado ocurrido en la ciudad portuaria de Guayaquil lograron detener a dos de los presuntos sicarios pero siguen aún tras la pista de otros dos más.
Las primeras investigaciones realizadas a la Policía Nacional de Ecuador apuntan a que el asesinato puede estar vinculado por la banda criminal ‘Chone Killer‘, una de las 22 declaradas ahora por el Ejecutivo como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales dentro del «conflicto armado interno» decretado por el presidente Daniel Noboa.
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Delicadas investigaciones
Suárez, que se había hecho popular al liderar investigaciones sobre corrupción en hospitales durante la pandemia, tenía entre sus manos la investigación del asesinato de dos policías y otra serie de atentados a infraestructura policial en Durán, un municipio del área metropolitana de Guayaquil donde son fuertes los ‘Chone Killer’.
A ello se sumó el caso del asalto de un grupo armado a las instalaciones del canal TC Televisión donde secuestraron a sus trabajadores a lo largo de varias horas durante una emisión en vivo, entre ellos el periodista José Luis Calderón, que este jueves recibió un reconocimiento de la Asamblea Nacional (Parlamento) por afrontar «con valentía la irrupción armada de antisociales».
Recientemente el fiscal Suárez había interrogado a los trece detenidos, entre ellos dos menores, sobre ese caso atribuido por la Policía a la banda criminal ‘Los Tiguerones’, mientras que también llevaba casos de narcotráfico y corrupción.
Por su parte, José Serrano, exministro del Interior durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), señaló en redes sociales que Suárez había solicitado información sobre el entorno familiar de José Adolfo Macías Villamar ‘Fito’, el líder de la banda ‘Los Choneros’, fugado de prisión semanas atrás.
Esto hizo que la Fiscalía anunciase que abriría una investigación a Serrano por presunta información reservada, a lo que este insistió en que era necesario investigar quién filtró información sobre las investigaciones de Suárez a la banda que lo mandó matar.
Detenidos a prisión
Los dos detenidos pasaron a prisión preventiva por orden judicial, tras una rápida audiencia de flagrancia y formulación de cargos donde la Fiscalía presentó una serie de indicios de convicción como las armas que se les decomisaron y que, según la Policía, estuvieron directamente involucradas en el crimen.
Entre esas armas hay un fusil y dos pistolas de las que aparentemente salieron los al menos dieciocho disparos que se ejecutaron contra el automóvil de Suárez, en un sector del norte de Guayaquil, donde el fiscal fue interceptado por al menos dos vehículos más.
Tras el crimen, los sicarios escaparon hacia otra zona del norte de Guayaquil donde incineraron uno de los vehículos y dos de los pasajeros huyeron en un taxi y en una moto. Uno de ellos se escondió en un motel para evitar ser capturado.
Operación militar y policial en cárcel
Entretanto, en la Cárcel Regional de Guayaquil, de la que se escapó ‘Fito’, ingresaron más de un millar de policías y militares para intervenir los pabellones, inmovilizar semidesnudos a los reclusos y realizar un minucioso registro en busca de armas y otros elementos prohibidos.
En otras intervenciones realizadas a cárceles donde la semana pasada se suscitaron motines con unos 200 rehenes ya liberados, la Policías y las Fuerzas Armadas hallaron numerosas armas de fuego, armas blancas, chalecos antibalas y granadas, entre otros artículos prohibidos.
La oleada de violencia se dio en un momento en que Noboa se disponía a poner en marcha su plan de «mano dura» para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por estas bandas del crimen organizado donde, desde 2020, han sido asesinados más de 450 presos en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
Esa violencia también se ha trasladado a las calles hasta hacer de Ecuador uno de los países más violentos del mundo con alrededor de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, la cifra más alta desde que se tiene registro.