El Noveno Circuito declara ilegal el fin del TPS para venezolanos y haitianos

 En un fallo histórico emitido desde San Francisco, California, el tribunal federal de apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que la administración actual actuó de manera ilícita al intentar revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela y Haití. El tribunal concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus facultades legales al intentar desmantelar estas protecciones de forma unilateral.

La sentencia, redactada por la jueza Kim McLane Wardlaw y apoyada por el juez Salvador Mendoza Jr., subraya que la ley de 1990 otorga estabilidad a los beneficiarios y que la secretaria no puede ignorar los procedimientos establecidos por el Congreso. Mendoza fue más allá al señalar que la decisión de cancelar el TPS estuvo influenciada por «prejuicios raciales y nacionales», calificando los argumentos del gobierno como una estrategia basada en estereotipos más que en un análisis real de las condiciones de seguridad en dichos países.

A pesar del triunfo legal para los migrantes, el efecto práctico de la sentencia se encuentra en pausa. La Corte Suprema de Justicia en Washington D.C. permitió previamente que la revocación siguiera adelante mientras se agotan las instancias judiciales. Esto deja a cientos de miles de personas en un limbo legal:

• Venezolanos: La revocación sigue en vigor por orden de la Corte Suprema, a pesar de la crisis humanitaria persistente en su país.

• Haitianos: Su protección está programada para expirar este 3 de febrero, en medio de un escenario de violencia extrema en Haití.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha calificado el fallo como una «orden activista» y sostiene que la secretaria posee autoridad total para determinar cuándo las condiciones de un país han mejorado lo suficiente como para retirar el beneficio.