Fiscales Generales de 22 Estados Demandaron para Bloquear la Orden Ejecutiva de Trump sobre la Ciudadanía por Derecho de Nacimiento

El martes, los fiscales generales de 22 estados presentaron una demanda para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que pone fin a la práctica de ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio arraigado en la Constitución estadounidense desde 1868. Esta medida, que ha generado un intenso debate legal, propone excluir a ciertos niños nacidos en Estados Unidos de la ciudadanía automática, dependiendo del estatus migratorio de sus padres.

La orden de Trump, emitida a última hora del lunes 20 de enero, tiene como objetivo cumplir una de las promesas de campaña del presidente, que ha señalado la necesidad de reformar las políticas de inmigración. No obstante, su impacto y legalidad aún están en duda, ya que se anticipa una larga batalla judicial sobre la interpretación de la 14ª Enmienda, que establece que todas las personas nacidas en el país son automáticamente ciudadanos.

Los fiscales generales, en su mayoría demócratas, han criticado la medida, calificándola como un intento de ignorar una ley consolidada que no puede ser modificada unilateralmente por un presidente. “El presidente no puede, de un plumazo, anular la 14ª Enmienda”, señaló Matt Platkin, fiscal general de Nueva Jersey. En apoyo a su postura, William Tong, fiscal general de Connecticut, quien también es ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento, expresó que esta medida no solo es legalmente incorrecta, sino que también afectaría gravemente a muchas familias estadounidenses, incluidas las suyas.

Por su parte, la Casa Blanca ha defendido la orden y aseguró estar lista para enfrentar a los estados en los tribunales. Harrison Fields, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, calificó las demandas de “una extensión de la resistencia de la izquierda”, invitando a los opositores a alinearse con las políticas de Trump.

La orden ejecutiva, que entra en vigor el 19 de febrero, especifica que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que no estén legalmente en el país no serán considerados ciudadanos. Esto incluye a aquellos cuyos padres sean residentes temporales o carezcan de estatus migratorio legal.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes, junto a organizaciones como la ACLU, han presentado demandas en varios estados, argumentando que la orden es inconstitucional. La demanda destaca el caso de “Carmen”, una mujer embarazada que lleva más de 15 años en el país sin estatus migratorio y cuya solicitud de visa está pendiente. Los demandantes afirman que la medida perjudica gravemente a los niños nacidos en el país, privándolos de su derecho a la ciudadanía.

La disputa sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento no es nueva en la historia de Estados Unidos. Aunque la 14ª Enmienda ha garantizado este derecho desde su ratificación tras la Guerra Civil, las interpretaciones legales han evolucionado, y el caso de Wong Kim Ark en 1898 fue crucial para establecer que los nacidos en el país son ciudadanos, incluso si sus padres son inmigrantes.

A pesar de la controversia, la cuestión sigue siendo un tema candente en el debate sobre la inmigración, con implicaciones profundas para las familias y el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.