Fiscalía de Brasil Pide Más de 40 Años de Cárcel para Bolsonaro por Intento de Golpe de Estado
La Fiscalía de Brasil ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de Brasil, ubicada en Brasilia, la condena del expresidente Jair Bolsonaro por delitos graves como «asociación criminal armada» y «golpe de Estado». Esta petición se enmarca en un juicio que busca determinar si Bolsonaro lideró una «organización criminal» con el fin de desconocer los resultados de las elecciones de octubre de 2022 e impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la fiscalía, Bolsonaro y siete de sus excolaboradores actuaron de manera «sistemática» para «incitar a la insurrección y desestabilizar el Estado democrático de derecho», buscando «garantizar su permanencia autoritaria en el poder». Los cargos solicitados incluyen «organización criminal armada», «tentativa de abolición del Estado democrático de derecho» y «golpe de Estado», entre otros, que podrían acarrear una pena superior a los 40 años de prisión.
Por su parte, el expresidente Bolsonaro, desde Brasilia, ha negado rotundamente todas las acusaciones. Se ha declarado un «perseguido político» y ha denunciado lo que considera irregularidades en el proceso judicial, afirmando que una condena en su contra sería una «violación del debido proceso».
Este mediático juicio no solo ha captado la atención nacional, sino que también ha generado una crisis diplomática con Estados Unidos. El expresidente Donald Trump anunció la suspensión del 50% de las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto, alegando una «caza de brujas» contra Bolsonaro, a lo que el presidente Lula ha respondido condenando enérgicamente la «injerencia» estadounidense.
El presidente de la Corte Suprema, Luiz Roberto Barroso, ha defendido la independencia del tribunal en Brasilia, asegurando que el juicio a Bolsonaro se realiza con «independencia» y «basándose en pruebas», en defensa del «Estado democrático de derecho».
Se espera que en las próximas semanas se fije una fecha para los alegatos finales de la defensa. Posteriormente, cinco jueces de la Corte Suprema decidirán el futuro legal del exmandatario.
