Fuego destruye una barriada marginal en Bahamas antes de iniciarse su demolición
El fuego en la barriada Kool Acres, situada en la isla de Nueva Providencia, comenzó en la noche del sábado y no pudo ser extinguido hasta este domingo.
Delancey explicó a los periodistas que el incendio destruyó alrededor de 77 estructuras que estaban destinadas a la demolición y que, en general, el 99 % de las viviendas resultaron afectadas de alguna manera.
Los planes de demolición aún están programados para mañana, lunes, mientras las autoridades investigan la causa del incendio, agregó Delancey.
Estos planes de desalojo y demolición fueron criticados por la organización Human Rights Bahamas, que alertó que el Gobierno enfrenta «el potencial de desencadenar una crisis humanitaria si no establece medidas adecuadas para albergar y apoyar a cientos de personas, incluidos numerosos niños».
«Este ejercicio conducirá inevitablemente a que cientos de personas (y, si la política se extiende a otras comunidades, muchos miles) sean expulsadas a las calles sin cubrir sus necesidades más básicas. Muchos de ellos están sin trabajo, son vulnerables y ya están peligrosamente por debajo del umbral de pobreza», denunció la ONG.
Según Human Rights Bahamas, emprender tal proceso de demolición sin contar con un plan de apoyo integral constituiría «una violación de las normas internacionales de derechos humanos y de los tratados multilaterales de los que Bahamas es signataria».
La organización pidió al Gobierno de Bahamas que revele su plan para alimentar, albergar y cuidar a quienes pretende desplazar esta semana.
«También hacemos un llamado a cualquier institución, como iglesias o clubes sociales, que estén conectadas con las comunidades a hacer todo lo posible para abrir sus puertas y ayudar a quienes se verán afectados en caso de que el Gobierno no cumpla con sus obligaciones», señaló.
Junto a los residentes de Kool Acres, aquellos de la comunidad All Saints también deben abandonar ya su barriada debido a que la orden de desalojo expiró el pasado 30 de octubre.
El Ministerio de Obras Públicas había dado a los residentes de esos dos asentamientos un período de 28 días para eliminar todas las estructuras ilegales.