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Grupo Aeroportuario Global solicita reunión con presidente chileno por suspensión de proyecto en Santiago

Santiago de Chile.– El Grupo Aeroportuario Global (GAG), dirigido por el empresario argentino Marcelo Suárez, ha solicitado una reunión con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para discutir la suspensión del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Maipo (NAIM). GAG, que posee el 30 % de las acciones del NAIM y cotiza en la bolsa de Nueva York, expresó su preocupación por las recientes decisiones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que según ellos, afectan su inversión y la de otros accionistas extranjeros.

En una carta enviada al mandatario, GAG asegura haber realizado una exhaustiva revisión de viabilidad antes de comprometer capital en el proyecto, destacando que el NAIM contaba con aprobaciones de varias entidades estatales, un decreto presidencial previo y un contrato de concesión similar al de otros aeropuertos privados en Chile.

Desacuerdo sobre la decisión gubernamental

La compañía manifestó su sorpresa ante la medida tomada en febrero de 2025 por el gobierno chileno, la cual anuló la autorización original para la construcción del NAIM. Según GAG, la recomendación de la DGAC se basó en modificaciones regulatorias y una sentencia del Tribunal Constitucional que, según su análisis, contradice la exclusividad del Ejecutivo para aprobar aeropuertos internacionales según la legislación chilena vigente.

Además, la empresa cuestiona la exigencia de que el NAIM se ajuste a la Ley de Alianzas Público-Privadas, argumentando que el proyecto cuenta con financiamiento 100 % privado y no requiere fondos estatales, al igual que otros aeropuertos que operan bajo modelos similares en Chile.

Compromiso con la inversión extranjera y el desarrollo

GAG reafirma su compromiso con la inversión extranjera en Chile y espera que, a través de un diálogo directo con el presidente Boric, se logren soluciones que beneficien al desarrollo de la infraestructura aérea, el turismo y la economía nacional.

El caso sigue en debate entre el sector empresarial y el gobierno, mientras se analizan posibles alternativas para la continuidad del proyecto.

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