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Juez Español Inicia Investigación Preliminar Contra Netanyahu por Crímenes de Guerra

El juez de la Audiencia Nacional de España, Antonio Piña, ha dado un paso significativo al iniciar diligencias previas a raíz de una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos militares. La acción legal se basa en acusaciones de crímenes de guerra, lesa humanidad, detención ilegal y trato degradante.

La querella fue interpuesta por el español Sergio Toribio, miembro de la Flotilla de la Libertad en España, y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Los acusados incluyen a Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, el vicealmirante David Saar Salama, y otros oficiales militares. El motivo central de la denuncia es el abordaje del barco Madleen el pasado 8 de junio, el cual se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Según la querella, el incidente involucró el uso de drones, gases lacrimógenos y armas no letales contra los doce tripulantes, civiles desarmados, quienes fueron detenidos arbitrariamente sin advertencia ni orden judicial. Entre los activistas a bordo se encontraban figuras conocidas como Greta Thunberg, Rima Hassan y Thiago Ávila. Se alega que los detenidos fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias e incluso sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso.

El barco Madleen transportaba alimentos, medicinas y material médico destinado a la población civil palestina, en un contexto de bloqueo que ha sido calificado de ilegal por las Naciones Unidas.

Los querellantes fundamentan su acción en el principio de jurisdicción universal de la legislación española, lo que permite a los tribunales españoles investigar crímenes graves cometidos fuera de su territorio.

Actualmente, el juez Piña ha trasladado la querella a la Fiscalía para que esta emita un dictamen sobre la competencia del tribunal y la posible apertura de una causa penal. Se ha solicitado una investigación judicial exhaustiva, la toma de declaraciones de los activistas involucrados y la cooperación con la Corte Penal Internacional.

 

 

 

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