Miami y Hialeah intensifican cerco contra negocios vinculados al régimen cubano

  Florida – En una acción coordinada que refuerza la postura política del sur de Florida, el Concejo de la Ciudad de Miami aprobó de manera unánime la creación de un grupo de trabajo especializado para identificar y sancionar a comercios locales que mantengan lazos financieros o logísticos con el Gobierno de Cuba.

Esta medida surge como respuesta a la creciente preocupación sobre el uso de la infraestructura comercial de la ciudad para oxigenar las finanzas de la dictadura en la isla. El grupo ejecutor, compuesto por funcionarios municipales y personal de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, tiene la facultad de proponer la revocación inmediata de licencias operativas para cualquier negocio que actúe al margen de la ley o en beneficio directo del régimen.

La iniciativa de Miami no es un hecho aislado. Sigue la estela marcada por Hialeah, donde el alcalde Bryan Calvo —quien asumió el cargo recientemente— ya ha puesto bajo la lupa a cerca de 290 negocios. Estas empresas están siendo investigadas tras declarar voluntariamente algún tipo de vínculo con la isla, y ya se han ejecutado las primeras suspensiones de licencias para aquellos que no pudieron demostrar cumplimiento con las normativas federales.

En Miami, la medida se concentra especialmente en sectores con alta densidad de población cubana, como la Pequeña Habana. Allí, la noticia ha sido recibida con una mezcla de apoyo por parte de los sectores históricos del exilio y cautela por parte de los propietarios de agencias de envíos y trámites, quienes ahora enfrentan un escrutinio administrativo sin precedentes.

Actualmente, la orden espera la firma de la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, para entrar plenamente en vigor y comenzar las auditorías en las 13 dependencias de la ciudad.