Secuestro de cubanas agrava delitos de autoridades de Migración en Jimaní
Tráfico de inmigrantes en el puesto fronterizo en Jimaní desmantelado con la Operación el en el Caso Iguana.
A los delitos por tráfico de migrantes que forman parte del Caso Iguana, en el que están imputados siete individuos, entre ellos Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, se les añadió el de secuestro de cuatro cubanas, informó el Ministerio Público.
El órgano de la persecución penal solicita la imposición de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los dos funcionarios, así como contra Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
Según una nota de prensa institucional, «la fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), calificó de graves los hechos cometidos por los imputados como parte de sus actividades en la estructura criminal».
El Ministerio Público, reveló la nota, comenzó a investigar el asunto en diciembre pasado, «a propósito de acciones delictivas entre las que se advierte hasta hechos de secuestro en perjuicio de nacionales cubanos».
“Se les acusa de la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes, delitos asociados a la corrupción administrativa, así como también delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público ha presentado en contra de los imputados”, manifestó la fiscal Belkis Ulloa.
El Juzgado de la Instrucción de Jimaní, provincia Independencia, aplazó el conocimiento de la coerción para el próximo miércoles.
“Se trata de una estructura de criminalidad organizada, dedicada a la comisión de estos actos ilícitos, de manera reiterada, de acuerdo a las evidencias que se han ido recolectando en el curso de la investigación que hemos estado realizando”, insistió la fiscal de la PETT.
“Entendemos -prosiguió- que nosotros llevamos razón en relación a la solicitud de medidas de coerción que estamos solicitando porque son hechos muy graves los cometidos por los imputados como parte de una estructura de criminalidad organizada y a la cual el Ministerio Público tiene la intención de poder desmantelar al igual que cualquier otra estructura que pueda estar operando en esta zona”, enfatizó.
Detalló que los encartados «incurrieron en el acto de secuestro en perjuicio de cuatro nacionales cubanas, entre ellas dos adultas y dos menores de edad, hechos en los que intervinieron no solo los imputados que forman parte de la Dirección General de Migración, sino también los demás integrantes de la estructura».
Primero, dos de las personas investigadas «materializaron un tráfico ilícito en contra de esas nacionales cubanas que luego llegaron a poder de los miembros de la Dirección General de Migración y ellos facilitaron su llegada a otra estructura, digamos los demás miembros de la estructura de criminalidad organizada, para entonces poder facilitar nuevamente el tráfico ilícito de migrantes de los mismos y poder obtener beneficio económico que le estaban requiriendo en todo momento” a sus víctimas, expuso.
Se trata de «migrantes irregulares y la ley no establece sanciones en relación a ellos, sino sanciones administrativas; sin embargo, como nosotros tenemos esta investigación, necesitamos tenerlos al alcance del Ministerio Público”, dijo al confirmar que con posterioridad «la única sanción administrativa que les puede sobrevenir es la deportación».
En la audiencia, la fiscal Belkis Ulloa representó al Ministerio Público junto a Wendy González, procuradora general titular de la Procuraduría Regional de Barahona; Aleika Almonte, también de la PETT, y Alexis Piña y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La PETT, bajo la dirección de la procuradora general de corte Yoanna Bejarán, puso en marcha el pasado 16 de marzo la Operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Las pesquisas llevaron al arresto de los involucrados y a la ocupación de evidencias que incluyen siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros, Fab 92.