Tensión política en Bolivia: Gobierno acusa a la oposición de intentar desestabilizar el país
La Paz.– El presidente boliviano Luis Arce lanzó nuevas acusaciones contra la oposición, señalando directamente a líderes políticos de promover un plan para desestabilizar el país tras las elecciones generales del 3 de agosto de 2025.
Durante un acto oficial, Arce afirmó que sectores opositores han destinado millones de dólares para “intentar fracturar la institucionalidad democrática”. “Han invertido grandes sumas de dinero con el propósito de generar caos, pero la unidad del pueblo boliviano les impide avanzar. Ni hoy, ni mañana, ni nunca lo lograrán”, expresó el mandatario.
Denuncias y respuesta de la oposición
Si bien Arce no mencionó nombres concretos, se refirió a dirigentes que, según sus declaraciones, intentan manipular la opinión pública para generar descontento. También vinculó a la oposición con estrategias de “desinformación, sabotaje económico y amenazas contra la estabilidad del país”.
Desde la oposición, han rechazado estas acusaciones, calificándolas como una táctica para desviar la atención de los problemas sociales y justificar medidas represivas. Líderes políticos han asegurado que buscan fortalecer la democracia y no atentar contra el orden constitucional.
Declaraciones del ministro del Interior
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reforzó las advertencias del Ejecutivo. Al ser consultado sobre posibles medidas contra algunos dirigentes opositores, advirtió: “La justicia llega para todos, nadie está por encima de la ley”.
Del Castillo también afirmó que ciertos grupos han sido vinculados con delitos financieros y conspiración para desconocer los resultados electorales. Según el ministro, documentos obtenidos en operativos recientes evidencian intentos de afectar instituciones gubernamentales y organismos internacionales en Bolivia.
Preocupación internacional
La comunidad internacional ha expresado inquietud por el clima de confrontación política en Bolivia y ha instado a garantizar el respeto a los derechos democráticos. Mientras tanto, organismos de observación continúan evaluando la situación postelectoral y las reacciones del gobierno frente a la oposición.
