Tras la muerte en prisión de un manifestante, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a 10 presos políticos que protestaron por el fraude electoral

El régimen de Nicolás Maduro comenzó este sábado a excarcelar a presos políticos que protestaron contra el fraude electoral del pasado 28 de julio en Venezuela. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, confirmó a Infobae que desde las primeras horas de hoy se procedió a la liberación de detenidos. Hasta el momento, 10 personas salieron del centro penitenciario Yare III. También hay procedimientos en Tocorón y en la cárcel de mujeres de Las Crisálidas.

“El proceso está ocurriendo ahora. En Tocorón están comenzando en poco (tiempo) y en Yare III han excarcelado solo a 10″, relató a este medio Romero.

En tanto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó en X excarcelaciones en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida sin precisar una cifra. La organización indicó que las mujeres liberadas recibieron medidas cautelares.

Estas liberaciones se dan tras la muerte de Jesús Manuel Martínez Medinaen el estado de Anzoátegui, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Martínez padecía diabetes y un problema cardíaco, según indicó la líder opositora María Corina Machado. Antes de su detención, se desempeñó como “testigo de mesa” en las elecciones presidenciales en Aragua de Barcelona, unos comicios marcados por denuncias de fraude contra Maduro.

Según el relato de la propia Machado, Martínez fue arrestado en su domicilio por agentes del Sebin la noche del 29 de julio, sin orden de allanamiento ni justificación legal. Tras ser detenido, fue trasladado a unos calabozos en Anzoátegui que la dirigente describió como “infrahumanos”.

La opositora denunció que las condiciones higiénicas precarias en los calabozos agravaron significativamente la salud de Martínez. “Estuvo bajo unas condiciones higiénicas tan precarias que tuvo necrosis en ambas piernas”, detalló. Además, afirmó que Martínez sufrió malos tratos durante su reclusión.

Tras confirmarse la muerte del preso político, el fiscal general Tarek William Saab anunció este viernes que la Fiscalía venezolana, alineada con el chavismo, ha solicitado la revisión de cientos de casos de opositores detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones del 28 de julio.

Según Saab, en cumplimiento de la Constitución que garantiza “el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juzgamiento por jueces naturales”, se han pedido 225 revisiones de medidas judiciales para los procesados por esos hechos que sacudieron al país. No obstante, no se ofrecieron detalles sobre cómo se implementará esta medida.

“Esta acción, que busca la unificación familiar, ratifica el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos”, declaró Saab en un comunicado oficial.

Las protestas surgieron tras los controvertidos comicios de julio, en los que la oposición demostró la victoria de Edmundo González Urrutia, mientras el oficialismo proclamó como ganador a Nicolás Maduro sin presentar evidencias. Esto desencadenó manifestaciones masivas en varias ciudades del país, donde los ciudadanos exigieron respeto a su voluntad electoral y rechazaron un nuevo mandato de Maduro.

Las movilizaciones fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que además arrestaron a decenas de líderes opositores y colaboradores cercanos a la disidencia. En reiteradas oportunidades, Maduro instó a sus funcionarios a garantizar la “justicia” en estos casos.

Por su parte, Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen, adoptó una postura más dura. Durante su programa de televisión, reconoció que entre los detenidos hay menores de edad y respondió con ironía a las críticas: “Ahí están presionando con los presos políticos, con esos niños que están detenidos. ¿Dónde estaban sus padres el 29 y 30 de julio? Se preocupan ahora, pero debieron hacerlo antes”.

Mientras tanto, los familiares de los detenidos y defensores de derechos humanos han intensificado sus manifestaciones para exigir la liberación de los prisioneros. Denuncian que muchos de ellos están incomunicados, sin acceso a una defensa adecuada y en condiciones inhumanas de reclusión.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) expresó su “profunda preocupación por el incremento de la represión estatal y la persecución política”, señalando que se criminalizan supuestos delitos como “terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y resistencia a la autoridad”.