Violencia armada: crisis de inseguridad en Nueva York y Estados Unidos
El presidente Joe Biden está preocupado. Desde hace dos años muchas ciudades de Estados Unidos enfrentan el recrudecimiento de la violencia armada.
La Casa Blanca prendió las alarmas y puso en acción un plan que contempla la inversión de 500 millones de dólares en refuerzo policial, en iniciativas para el fomento de actividades extraescolares y la creación de oportunidades económicas en los barrios más deprimidos.
En la ciudad de Nueva York, los homicidios con armas de fuego han aumentado en un 80% desde 2019. En 2021 hubo cerca de dos mil tiroteos en la “Gran Manzana”, la cifra más alta en décadas, y la mayoría de los enfrentamientos armados fueron cometidos con esas cuatro mil doscientas armas ilegales que han llegado a la urbe procedentes de otros estados, como Florida, Carolina del Sur o Georgia.
A partir de este escenario crítico, se han tomado medidas concretas correlacionadas con el gobierno central
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien asumió su cargo el año pasado en medio de la polémica salida de Cuomo, los contagios masivos por la variante Delta y una economía tremendamente golpeada, hoy se encuentra cara a cara con un problema que ocupa el primer lugar en el nivel de urgencia de los ciudadanos; la violencia con armas desatada en las calles, el crimen (recientemente murieron ocho agentes de policía en servicio) y la inseguridad que sienten miles de personas en el principal medio de trasporte, el metro de Nueva York.
Tanto Hochul como el alcalde de la ciudad, Eric Adams, planificaron estratégicamente los pasos a seguir. La primera autoridad local creó una agencia estatal para luchar contra el tráfico ilegal de armas y, además, nombró un fiscal especial para combatir los delitos armados.
Por otro lado, Adams ha lanzado un plan de acción de tolerancia cero, para acabar con los crímenes en la ciudad
“Quiero ser claro, este no es un plan para el futuro, es para ahora mismo, la violencia armada es un problema público de salud, no hay tiempo que esperar, debemos actuar. El mar de violencia viene de muchos ríos, y debemos frenar cada uno de ellos que alimenta esta crisis (…) En el plan participará la policía de Nueva York, cada agencia de la local, las Cortes y el exitoso sistema de control de violencia. Vamos a hacer partícipe a cada comunidad, cada prisión y nuestros socios federales y estatales”, señalaba Adams, en una declaración pública.
Gracias a este procedimiento conjunto se ha logrado doblar el número de agentes bajo tierra y el personal sanitario para que atienda a los más desfavorecidos, también, han aumentado la cantidad de patrullas policiales en las calles, así como las cámaras de videovigilancia en los puntos más concurridos, y destacan, principalmente, la distribución de agentes de policía en las treinta zonas de la ciudad donde se concentra el 80% del crimen.
En el contexto de una profunda desconfianza hacia la policía por los actos de fuerza letal (sobre todo contra las minorías raciales), y ante las presiones de una reforma policial y judicial, ¿aumentar la dotación de oficiales será una medida efectiva para detener la crisis?, ¿Cómo poner atajo a un conflicto que tiene, además, un trasfondo político y social: la propiedad de armas como derecho constitucional?
La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que los ciudadanos pueden tener y portar armas, amparados en el derecho fundamental de la autodefensa, la defensa de su estado o la del país.
La edad mínima para la compra de armas largas como una escopeta o un rifle es 18 años, aunque en algunas ciudades es 16 (increíble, si se piensa que a esa edad aún no egresan de la escuela secundaria); y para adquirir armas de fuego de mano, 21.
El artículo 18 del Código de los Estados Unidos, establece quiénes no pueden tener armas de fuego: las personas condenadas por algún delito que implique cárcel, fugitivos de la ley, quienes ilegalmente sean adictos o usen drogas controladas, los diagnosticados y que han sido admitidos en una institución por enfermedades mentales, extranjeros ilegales, los despedidos de las Fuerzas Armadas con deshonores, quienes hayan renunciado a la ciudadanía norteamericana y quienes tengan órdenes de restricción por acoso, amenazas o por violencia doméstica.
Si bien, existen leyes federales que regulan la compra y posesión de armas, el control es insuficiente. Solamente ocho estados exigen su registro, 13 piden un permiso para comprarlas y 5, prohíben cargar un arma de fuego libremente, en un sitio público.
Hace 150 años, el 17% de las Constituciones del mundo incluía el derecho a portar armas, en la actualidad, solo tres siguen considerándolo: Guatemala, México y Estados Unidos. Este último, cuenta con el 48% de los 650 millones de armas en poder de los civiles en el mundo, es decir, trescientos diez millones de armas de fuego, literalmente, están en las manos de los norteamericanos (según el Instituto Nacional de Justicia).
Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Pew (Pew Research Centrer), que brinda información sobre problemáticas y tendencias de los Estados Unidos y el mundo, se estima que cuatro de cada 10 norteamericanos posee un arma o vive en una casa donde hay armas de fuego, sin poder determinar cuántas exactamente. Realmente es imposible identificar el número exacto de armas de fuego propiedad de civiles y la cantidad que cada estadounidense posee, porque hay muchas que no se registran y/o se compran en el comercio ilegal.
Se podría modificar esta parte de la Constitución, pero proviene de un sistema patriarcal y conservador que sigue vigente con un Tribunal Supremo predominantemente conservador. Por otro lado, muchos ciudadanos están de acuerdo con las armas, este grupo siente una profunda desconfianza de la policía, y cree que puede actuar más rápida y efectivamente, por lo que las armas reducirían las tasas de criminalidad.
El plan de Biden no tiene que ver con la limitación de la compraventa de armas (que Obama quiso resolver y no pudo, y Trump ni siquiera lo intentó), sino con la circulación ilegal de armas cortas entre estados y su uso en la resolución de conflictos cotidianos.
Es difícil contener el problema si se considera que desde 2004 (en el gobierno de George Bush), se eliminó la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas.
Así como se confiscan armas en Nueva York, llegan más a la ciudad