Hermana de hombre asesinado en Salcedo denuncia presunta complicidad de autoridades: “Temo por mi vida y la de mi familia”

provincia Hermanas Mirabal

María Luisa Rodríguez García, hermana de Francisco Alberto Rodríguez García, de 45 años, quien fue asesinado el pasado 4 de junio a las 12:15 del mediodía, denunció públicamente la presunta indiferencia y complicidad de las autoridades que, según afirma, han actuado con negligencia en el seguimiento del caso.

De acuerdo con la denunciante, el expediente está bajo la responsabilidad del fiscal Orlando Liriano, pero la orden de acción judicial debe ser firmada por la magistrada Zoila Agustina Infante, quien —junto al coronel Luna— ha sido señalada por Rodríguez García como presuntos responsables de una campaña de persecución y obstaculización en su contra y en perjuicio de su familia.

“Yo responsabilizo directamente al coronel Luna y a la magistrada Zoila Agustina Infante de cualquier cosa que me pase a mí o a los míos. Es increíble cómo se supone que el Ministerio Público y la Policía deben proteger a las víctimas, pero en este caso nos han dado la espalda”, expresó María Luisa con visible indignación.

La denunciante sostiene que, a pesar de que la comunidad de Salcedo conoce quién es el verdadero responsable del crimen, las autoridades insisten en alegar que “no saben nada” o que “no hay elementos suficientes” para proceder judicialmente.

Familiares y amigos de la víctima han sido los únicos que, con esfuerzo propio, han recopilado evidencias, testimonios y datos que podrían esclarecer el caso. Sin embargo, denuncian que dichas pruebas no han sido tomadas en cuenta por las autoridades competentes.

Rodríguez García calificó la situación como “irrelevante y dolorosa”, señalando que el sistema judicial y policial de la zona está fallando en su deber de proteger a las víctimas y de garantizar justicia ante hechos criminales que han quedado impunes.

La familia de Francisco Alberto Rodríguez García clama a la Procuraduría General de la República y a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, para que intervengan en el caso y se garantice una investigación transparente e imparcial que conduzca a la captura y sometimiento de los verdaderos responsables.