Bloqueo Judicial Frena Proyecto de 400 Viviendas en La Romana; Cientos de Familias Claman por Justicia
La Romana, República Dominicana — Cientos de familias trabajadoras en la provincia de La Romana están atrapadas en la incertidumbre y el perjuicio económico debido a un litigio judicial que ha paralizado por completo la entrega de 400 viviendas de la Inmobiliaria Don Juan. El proyecto, destinado a maestros, profesionales y empleados que ya han pagado iniciales o tienen préstamos hipotecarios aprobados, se encuentra totalmente detenido, dejando a los compradores pagando alquiler y, en muchos casos, los intereses de préstamos bancarios por casas que no pueden ocupar.
El jurista Dionisio Ortiz explicó que el corazón del conflicto radica en la inclusión de la Inmobiliaria Don Juan en el proceso de separación de bienes de un divorcio aún pendiente entre el señor Juan Rafael Llaneza y la señora María Amelia Hazoury.
Los afectados denuncian que esta acción constituye una serie de maniobras judiciales «abusivas e improcedentes» cuyo objetivo real es ejercer presión financiera contra el señor Llaneza. Alegan que este no es socio directo de la compañía y que, lo más importante, los terrenos son patrimonio familiar de su familia materna, adquirido hace más de cien años, lo cual debería excluirse del patrimonio conyugal según la ley.
A pesar de que tres instancias judiciales de alto nivel (Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el Tribunal Superior de Tierras) han reconocido la independencia patrimonial de la Inmobiliaria Don Juan, las acciones legales persisten, manteniendo la obra paralizada. De hecho, la señora Hazoury y sus representantes legales han sido declarados litigantes temerarios en múltiples ocasiones por los tribunales.
Esta detención no solo afecta a los compradores, sino también a la economía local, ya que la Inmobiliaria Don Juan ha detenido sus operaciones, impactando a empleados directos, obreros y suplidores.
La desesperación de las víctimas es palpable. Gilberto Guerrier Batiste, un maestro afectado, hizo un llamado a la justicia para que se resuelva la situación. Carmen Rosario, maestra de quinto grado y madre de tres hijos, suplicó que se le permita recibir su hogar para pasar la Navidad. Por su parte, Irving Batista, un empleado privado, manifestó su angustia al tener un préstamo bancario corriendo por un terreno que compró y no ha podido recibir.
