Denuncian Intento de Soborno a Juez del TSA para Silenciar un Canal de Televisión
El panorama mediático y judicial de República Dominicana se ha visto sacudido por una grave acusación de tráfico de influencias y posible soborno. Dany Alcántara, presidente del Grupo de Comunicación ACD Media, denunció públicamente un presunto intento del empresario Juan Ramón Gómez Díaz (propietario del Grupo Telemicro) de sobornar a un juez del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La denuncia de Alcántara, hecha desde Santo Domingo, apunta a que el objetivo de este supuesto soborno es lograr una sentencia favorable a un «recurso de amparo» presentado por Gómez Díaz. Dicha sentencia buscaría el cierre inmediato del Canal Tres de televisión abierta (Canal 3 – ATV), que pertenece a ACD Media.
Alcántara afirmó rotundamente que Gómez Díaz “no admite competencia” y que, para lograr su objetivo, se estaría ofreciendo una “gran cantidad de dinero” al juez en cuestión. Además, señaló que los abogados del Grupo Telemicro habrían entregado un “proyecto de sentencia” al magistrado del TSA para facilitar la emisión del fallo.
Contexto y Acusaciones Adicionales
El presidente de ACD Media aprovechó la denuncia para lanzar serias acusaciones adicionales contra el dueño de Telemicro, sugiriendo un patrón de presuntas malas prácticas:
- Precedente Judicial: Alcántara recordó el caso de Affe Gutiérrez (quien fue condenado y luego absuelto por la Suprema Corte de Justicia), sugiriendo que un modus operandi similar de oferta de dinero se habría utilizado en aquel proceso, calificando la situación de «vergüenza».
- Incumplimiento Regulatorio: Denunció que Gómez Díaz supuestamente no cumple con el pago de impuestos por el uso del espectro radioeléctrico al INDOTEL, ni con el pago de energía eléctrica, contrastando esto con la conducta fiscal y regulatoria de su propia empresa.
- Hostigamiento a la Competencia: Refirió una campaña emprendida desde Telemicro contra el empresario Antonio Espaillat (RCC Media) por el simple hecho de que Gutiérrez tenía un programa en una de sus emisoras, lo que resultó en la cancelación del espacio.
Esta denuncia ha encendido las alarmas sobre la ética empresarial y la integridad del sistema judicial dominicano, exigiendo una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
