Desarticulan en Massachusetts red de matrimonios fraudulentos con fines migratorios
Massachusetts, Estados Unidos.– Las autoridades estadounidenses desarticularon una presunta red de matrimonios fraudulentos que habría operado durante más de diez años en Massachusetts, supuestamente encabezada por Jennifer González, ciudadana estadounidense de origen dominicano.
Según los datos del caso, la señalada cobraba entre US$38,000 y US$40,000 por cada matrimonio y habría organizado entre 18 y 20 uniones fraudulentas al año, con el propósito de facilitar beneficios migratorios a ciudadanos extranjeros.
Ante esta situación, el experto en asuntos migratorios Roque Rodríguez Espaillat advirtió que las autoridades estadounidenses utilizan inteligencia artificial y otros mecanismos de investigación para detectar irregularidades en las solicitudes de residencia y otros trámites migratorios.
Las consecuencias legales pueden ser severas. Los ciudadanos estadounidenses involucrados podrían enfrentar multas de hasta US$250,000 y penas de prisión de hasta cinco años. Por su parte, los extranjeros implicados podrían ser deportados y quedar impedidos de ingresar nuevamente a Estados Unidos, según las circunstancias de cada caso.
Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana ha advertido que participar en esquemas de fraude migratorio puede provocar el rechazo de solicitudes de visa y la inhabilitación migratoria del solicitante, con posibles consecuencias para sus hijos.
Rodríguez Espaillat también alertó sobre los riesgos de estafas y chantajes, ya que algunas personas son engañadas por individuos que ofrecen organizar matrimonios a cambio de grandes sumas de dinero.
El especialista recomendó evitar este tipo de acuerdos y optar por vías legales para emigrar, como los programas de certificación laboral, que permiten explorar oportunidades de residencia y empleo mediante los procedimientos establecidos.
Las autoridades reiteran la importancia de cumplir con las leyes migratorias estadounidenses, debido a que el fraude puede ocasionar consecuencias penales, económicas y migratorias a largo plazo.
