El Estado sancionará funcionarios que incumplan ley de acceso a la información pública

El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 166-25, implementó medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de la Ley General Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y fortalecer la transparencia en todos los órganos y entes de la Administración Pública, tanto central como descentralizada, bajo el Poder Ejecutivo. Estas disposiciones se alinean con estándares establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que junto con el Ministerio de Administración Pública (MAP), liderará su implementación.

Las instituciones públicas deberán cumplir con los estándares de transparencia activa y pasiva definidos por DIGEIG, que supervisará y evaluará mensualmente su desempeño. Además, se distribuirá una matriz de responsabilidad informacional, afectando el bono de desempeño de los servidores obligados. La aplicación del decreto comenzará en el tercer trimestre del año, tras un período de educación y difusión por parte de la DIGEIG.

El decreto también incluye el uso de los Rankings de Transparencia, donde las instituciones deberán mantener un puntaje superior a 85 en el monitoreo trimestral. Aquellas que alcancen más de 90 puntos recibirán un reconocimiento público, incentivando mejores prácticas de transparencia en el país.