Grave denuncia en Alto al Rayo: Barrick Gold pretende demoler escuela comunitaria y trasladarla lejos del pueblo
Alto al Rayo, Cotuí – 16 de julio de 2025
La comunidad de Alto al Rayo, ubicada en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se encuentra en estado de alerta y profunda preocupación tras las intenciones de la empresa minera Barrick Gold de demoler la escuela local que lleva el mismo nombre de la comunidad, con el objetivo de reubicarla en un lugar considerablemente más lejano.
Según los denunciantes, esta medida afectaría directamente el derecho a la educación de decenas de niños que asisten a la escuela, ya que la nueva ubicación se encontraría a varios kilómetros de distancia, dificultando el acceso, especialmente para las familias de escasos recursos.
En el día de ayer, funcionarios de Barrick Gold se presentaron en el centro educativo antes del inicio de una reunión con autoridades locales, con la intención de establecer condiciones y directrices directamente con los maestros. Este hecho ha sido catalogado como una falta de respeto hacia la comunidad educativa y un intento de intimidación institucional.
Al lugar se presentó también la licenciada Rebeca Henríquez, directora nacional de los Derechos Humanos Unidos por la Paz y Global, quien condenó enérgicamente las acciones de la empresa minera y denunció que Barrick Gold ha venido tomando posesión de terrenos en Alto al Rayo y zonas aledañas sin que el gobierno central intervenga para defender a los propietarios, muchos de los cuales tienen más de 100 años residiendo en la zona.
Los comunitarios afirman que este es un intento más de desplazar a las familias del lugar, como parte del proceso de expansión minera, y responsabilizan tanto a la empresa como a las autoridades del silencio cómplice que ha permitido este atropello.
“¡No queremos que nos saquen! ¡La escuela es de nuestros hijos y de nuestra comunidad!”, expresó una madre visiblemente indignada.
Los afectados han hecho un llamado urgente al presidente de la República, Luis Abinader, al Ministerio de Educación y a los organismos internacionales de derechos humanos para que se impida esta injusticia y se garantice el derecho a la tierra, a la educación y a la permanencia digna de las comunidades rurales.
