Informe advierte del grave hacinamiento en cárceles dominicanas
El hacinamiento es uno de los principales problemas que presenta el sistema penitenciario de República Dominicana, donde en algunos casos se ve cuadriplicada la capacidad, según un informe de las Condiciones de Detención y de Prisión 2022 publicado este miércoles por la Oficina Nacional de Defensa Pública.
El problema del hacinamiento de la población carcelaria, que asciende a 27.256 presos, se produce en los Centros de Privación de Libertad (CPL), el modelo tradicional penitenciario, donde la población reclusa cuadruplica la capacidad de 4.679 internos de la que dispone, al albergar a 16.817 reclusos.
«Podemos afirmar que los 19 centros que pertenecen al modelo tradicional se encuentran totalmente hacinados», mientras que los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) del nuevo modelo penitenciario albergan a 10.498 privados de libertad, siendo su capacidad para 20.519 reos.
Una de las cárceles con más hacinamiento es la Victoria que, con capacidad para 2.103 reos, en el momento del levantamiento para el informe acogía a 7,625 internos, lo que significa que sobrepasa su capacidad en 5,522 condenados.
El texto alerta de que el hacinamiento puede generar problemas relacionados con la salud y de violencia y dificulta el desarrollo de programas educativos y de reinserción, al tiempo que puede facilitar el quebrantamiento de ciertos derechos fundamentales y los actos de corrupción.
Problemas de salud, higiene y falta de formación
En cuanto a la salud, el documento destaca que hay una gran cantidad de personas con problemas de salud física y mental y resalta la escasa asistencia médica y la ausencia de provisiones o medicamentos, situación que se extiende a todos centros, incluyendo los del nuevo modelo, ya que uno de los lugares no contaba con personal médico.
«Salud Pública -indica- no está facilitando medicamentos a los centros visitados, en ocasiones lo proporcionan los familiares» o provienen, en casos contados, de donaciones de entidades que no tienen que ver con el sector público, de modo que «el Estado está comprometiendo su responsabilidad internacional al no garantizar el acceso a un derecho tan sagrado como la salud».
También existe una importante falta de higiene en prisión, produciéndose situaciones que permiten «el acceso a las enfermedades», de acuerdo con el informe.
La falta de agua potable también es común, ya sea porque no llega agua suficiente a las instalaciones, por falta de cisternas o porque el suministro está programado para que llegue solo algunos días en la semana, a lo que se suma que el agua procede, en su gran mayoría, de pozo tubular y produce enfermedades en la piel.
La necesidad de colchones es común a los 19 centros del modelo tradicional, donde un gran porcentaje de presos duerme en el piso sin ningún soporte y otros internos improvisan hamacas suspendidas en el aire. También se improvisan alojamientos fabricados con materiales como cartón, lonas o zinc.
Respecto a la educación de los internos, en varios lugares visitados apenas se contribuye con la alfabetización, no existen cursos técnicos y, en algunos centros, son los propios reclusos que se están capacitando, puesto que el Ministerio de Educación no está facilitando profesores.
Celdas de máxima seguridad
Otro hallazgo importante a considerar es el procedimiento para sanciones que utilizan en las cárceles, así como las denominadas celdas de máxima seguridad.
En este sentido, internos imputados por casos de trascendencia nacional como el caso Falcón, Pulpo, Medusa Lotería o Coral, entre otros, se quejaron de que se les dificulta la comunicación con sus abogados y familiares, especialmente con sus hijos menores, no los sacan ni siquiera a tomar aire y han perdido la noción del tiempo.
En cuanto a la alimentación, muchos de ellos afirmaron que casi no comen debido a problemas de salud, recoge el texto.
Además, hay constantes quejas de parte de los internos de los centros del nuevo modelo por maltratos físicos y verbales, formalizados a través de denuncias ante la Dirección de los centros.
El informe también analiza la situación de las mujeres privadas de libertad, que considera un problema grave, ya que en algunas cárceles no existe una verdadera separación de los hombres, y en los casos de menores no están recibiendo un tratamiento adecuado ni hay condiciones para albergar adolescentes.