Inicia operativo de Migración en hospitales dominicanos para control de indocumentados
República Dominicana – La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana puso en marcha este lunes un controvertido programa en hospitales públicos de todo el país, con el objetivo principal de detener la presencia masiva de personas indocumentadas, focalizándose especialmente en mujeres haitianas embarazadas.
Desde tempranas horas de la mañana, se reportaron retenciones de mujeres embarazadas y otros individuos sin documentación en diversos centros de salud. Estas personas fueron posteriormente trasladadas en camiones con la finalidad de ser deportadas.
El inicio de estas acciones contó con la supervisión directa de altos cargos, incluyendo los directores del Servicio Nacional de Salud (SNS) y de la Dirección General de Migración, lo que subraya la alta prioridad que el gobierno otorga a esta iniciativa.
Este operativo se produce tras el anuncio previo del presidente Luis Abinader sobre la instalación de inspectores de Migración en los hospitales públicos. En adelante, se exigirá a los pacientes extranjeros la presentación de una identificación válida, una carta de trabajo y una prueba de domicilio para poder acceder a la atención médica regular en estos centros.
Según informaron las autoridades, las personas indocumentadas que requieren atención de emergencia serán atendidas, pero una vez superada la crisis, serán procesadas para su deportación.
Este protocolo de verificación migratoria se está implementando de manera simultánea en los 33 hospitales estatales a nivel nacional, marcando un endurecimiento de las políticas migratorias en el ámbito de la salud pública.
Tanto la Dirección General de Migración como el Servicio Nacional de Salud han emitido comunicados asegurando que se respetarán los derechos de los indocumentados, especialmente en casos de vulnerabilidad. Sin embargo, los informes iniciales indican que algunas mujeres embarazadas, ante el temor de ser detenidas y deportadas, han optado por no buscar atención médica en los hospitales, lo que genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
