Juicio político contra la Cámara de Cuentas quedará engavetado en el Congreso

Mañana, miércoles 26 de julio, cuando finalice la actual legislatura ordinaria en el Congreso Nacional, decenas de proyectos legislativos perimirán porque no fueron aprobados en el plazo reglamentario y porque no cuentan con un informe de estudio.

Sin embargo, la propuesta para someter a un juicio político a los titulares de la Cámara de Cuentas no se vencerá, por tratarse de un proyecto de resolución, pero seguirá engavetada hasta que el liderazgo congresual logre captar los votos de la oposición necesarios para aprobarla.

El diputado Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión que recomendó el juicio político, explicó que, aunque el proyecto no perima, seguirá congelado en el Congreso porque está propenso a derrumbarse si se somete a votación en la Cámara de Diputados.

Genao consideró que, aunque no caduque, no se presentará en el hemiciclo para su debate porque «no existen los votos ni la mayoría necesaria» para aprobar la medida contra los funcionarios de la Cámara de Cuentas por supuestamente cometer faltas graves en sus funciones.

Voto especial

Al hablar así, el diputado se refiere a la mayoría especial de 127 votos que necesitan proyectos como los juicios políticos para ser aprobados en la Cámara Baja. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) no completa los votos necesarios y, por lo tanto, necesita el respaldo obligatorio de los opositores.

En ese sentido, Genao dijo que «el juego está trancado» porque, según su percepción, el liderazgo del Congreso Nacional no someterá el informe a votación por el rechazo de los opositores.

«Más de la mitad del Congreso está de acuerdo con un juicio político, pero no se tienen los votos de las dos terceras partes, entonces como que se ha tomado la decisión de no someter el informe», sostuvo el legislador al referirse al documento acusatorio contra los titulares de la Cámara de Cuentas que los señala por alterar actas, esconder auditorías y usurpar funciones.

Lío en la entidad

El engavetado proyecto que buscar aplicar un juicio político persigue que Janel Ramírez, Elsa Catano, Tomasina Tolentino, Elsa Peña y Mario Fernández respondan ante el Senado por cometer faltas graves en sus funciones y por la falta de armonía que han impulsado en la Cámara de Cuentas, según un informe de los diputados.

Proyectos que perimen

Aunque la sugerencia de juicio político no caduca en el Congreso por tratarse de un proyecto de resolución, existen cientos de proyectos de ley que sí perimirán a partir del 26 de julio –cuando acaba la legislatura- porque tardaron mucho tiempo para ser aprobados.

Las iniciativas que están a punto de perimir en el Congreso son la reforma a la seguridad social, la ley del agua, el proyecto de ley para alquiler de bienes inmuebles, el que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la modificación a la ley de Compras y Contrataciones, el proyecto para regular los fideicomisos públicos, la ley de hidrocarburos y la que busca armonizar los procesos de control y fiscalización del Congreso.

También caducarían el Código Penal, la creación de un Ministerio de Justicia, la ley para administrar bienes incautados, la ley de eficiencia energética, el proyecto de fomento a la inversión en República Dominicana, el proyecto de primer empleo, la ley de responsabilidad civil de los funcionarios, la pieza para regular el trabajo doméstico, entre otras importantes iniciativas.

Legislatura extraordinaria

Aunque el Poder Ejecutivo no lo ha confirmado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha adelantado la posibilidad de que el presidente Luis Abinader convoque al Congreso a una legislatura extraordinaria para debatir algunos proyectos pendientes y prioritarios para el Gobierno.

En caso de que se materialice mediante decreto, la legislatura extraordinaria estaría abierta desde mañana 26 de julio hasta que lo disponga el Poder Ejecutivo, tomando en cuenta que una nueva legislatura ordinaria deberá abrirse el 16 de agosto.

 

Desde ya, la Cámara de Diputados y el Senado acordaron agilizar la aprobación de una modificación a la ley de extinción de dominio.