«Libertad Digital Blindada»: Proyecto de Ley busca transparencia de gigantes de internet sin censurar al ciudadano
En un esfuerzo por modernizar el marco legal de la libertad de expresión en la era digital, el coordinador de la Comisión redactora del proyecto de ley (CCLEX), Namphy Rodríguez, salió al frente para desmitificar varios puntos clave de la propuesta legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que busca actualizar la venerable Ley 6132 de 1962, se centra en robustecer la protección de la libertad de expresión y salvaguardar los derechos de los usuarios en el ciberespacio.
Una de las aclaraciones más importantes de Rodríguez fue categórica: el proyecto de ley no contempla penas de prisión para quienes incurran en delitos de difamación e injuria. Este punto busca disipar temores sobre posibles retrocesos en las garantías fundamentales.
Asimismo, Rodríguez enfatizó que el texto legal niega explícitamente al futuro órgano regulador la facultad de eliminar contenidos publicados en plataformas digitales o de exigir a los medios de comunicación que colaboren con instituciones estatales. La autonomía de los medios y la libertad de los usuarios se erigen como pilares fundamentales de la propuesta.
La denominación «plataformas de contenidos o digitales» tiene un destinatario claro: los grandes jugadores de internet como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram. La ley busca imponer a estas corporaciones obligaciones técnicas de transparencia, exigiéndoles informar al Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) sobre sus términos de servicio y políticas de moderación de contenido. El objetivo primordial es prevenir la censura arbitraria contra los usuarios.
Rodríguez fue enfático al señalar que el Inacom no tendrá poder para regular ni sancionar los contenidos difundidos por los medios de comunicación tradicionales ni por los individuos en sus redes sociales. La excepción a esta regla se limita estrictamente a la protección de la niñez y la dignidad humana. Los litigios por delitos contra el honor seguirán siendo competencia exclusiva del poder judicial.
Un aspecto innovador del proyecto es la creación de un órgano regulador independiente del Poder Ejecutivo, cuya designación recaerá en el Congreso Nacional, fortaleciendo así su autonomía y pluralidad.
Ante interpretaciones erróneas, Rodríguez aclaró que el proyecto no establece responsabilidad legal para las plataformas digitales por los contenidos generados por terceros. Por el contrario, el artículo 24 estipula que estas plataformas solo podrían ser consideradas responsables si desacataran una orden judicial firme.
Rodríguez recordó que esta reforma es fruto de un extenso trabajo de más de dos años por una comisión de figuras independientes y reconocidas en la defensa de la libertad de expresión. El proceso inclusivo contó con la participación de diversos sectores nacionales e internacionales, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), académicos y juristas, quienes consensuaron la propuesta.
Finalmente, Rodríguez extendió una invitación a la ciudadanía a participar activamente en el debate sobre el proyecto, con el fin de enriquecerlo y fortalecerlo. Aseguró que la propuesta está alineada con los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y las directrices de la UNESCO sobre gobernanza de plataformas digitales, buscando un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos en el entorno digital.
