Nueva Ley para la PN será presentada en los próximos meses para mejorar transparencia y gestión
Santo Domingo-En los próximos meses, se entregará y discutirá una nueva ley que regirá a la Policía Nacional, la cual se encuentra “casi terminada” en su proceso de elaboración. Este nuevo marco legal tiene como propósito aplicar ajustes clave en el cuerpo de orden, buscando modernizar y optimizar su funcionamiento.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó en una reciente entrevista que esta reforma “viene a transformar todo” y se centra principalmente en mejorar la transparencia dentro de la institución, especialmente en lo que respecta al manejo de los ascensos de los miembros de la Policía Nacional.
“Queremos hacerlo más transparente y asegurarnos de que las personas motivadas a ingresar a la Policía tengan la certeza de que, a través del rol que asuman, pueden ascender por los méritos que conlleva”, señaló Raful durante el Desayuno de LISTÍN DIARIO, encabezado por el director Miguel Franjul.
La nueva ley, que no es una reforma, sino una modificación de la Ley Orgánica 590-16, se encuentra actualmente en un proceso de ajustes financieros dentro de la institución. Según la ministra, en menos de dos meses comenzará la socialización de la propuesta, que considera como “importante” para la transformación del cuerpo policial.
En paralelo a estos esfuerzos, recientemente se juramentaron nuevos miembros del Consejo Consultivo para la Transformación Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, quienes tienen la encomienda de crear un “nuevo modelo de gestión”. Entre los juramentados figuran Elena Viyella de Paliza, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Marisol Vicens Bello y Ramón Ortega.
Además, Raful también adelantó detalles sobre otro proyecto que está en desarrollo desde el ministerio: la creación de una nueva ley de “Convivencia Ciudadana”. Esta legislación busca ofrecer soluciones para las personas en conflicto, en casos como riñas, a través de la mediación antes de iniciar un proceso judicial.
“El objetivo es evitar que los ciudadanos se vean afectados en su integridad o tengan que recurrir a costosos procesos judiciales, dándoles la oportunidad de resolver los conflictos mediante mediadores”, explicó la ministra.
Este proyecto se está elaborando en conjunto con el Poder Judicial y se considera uno de los legados más importantes que el ministerio espera dejar al concluir su gestión.
