Peralta tenía documentos confidenciales del caso Calamar, según Ministerio Público
Además de ser señalado como uno de los cabecillas de una estructura criminal dedicada al desfalco y estafa en contra del Estado Dominicano, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, es acusado de infiltrar la investigación de la Operación Calamar, en la cual figura como uno de los principales imputados.
Así lo expuso el Ministerio Público en el documento de solicitud de medida de coerción contra los involucrados en el caso anticorrupción donde también están encartados los exministros Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, así como otros exfuncionarios de la gestión de gobierno de Danilo Medina.
Según el órgano persecutor, durante el allanamiento realizado por agentes de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a su residencia, las autoridades encontraron evidencias que demuestran cómo el imputado “tenía la investigación del Ministerio Público infiltrado”.
De acuerdo con el documento, el exministro tenía incluso en su poder una comunicación interna que le fue remitida por la Pepca sobre sus productos financieros a la Superintendencia de Valores.
La solicitud indica que esa misma dependencia le entregó a Peralta una copia de la orden y del requerimiento confidencial realizado por el Ministerio Público.
En ese entonces, Gabriel Castro González era el titular de la Superintendencia de Valores.
Otras acusaciones
El MP acusa a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero, ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de aprovecharse de su función de administradores públicos, para “prevaricar y coalicionarse” para desfalcar y estafar al Estado dominicano.
También se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien se postuló a la presidencia por el partido morado en 2020 y es otro de los principales implicados en la operación anticorrupción.