Poder Ejecutivo endurecerá sanciones contra el tráfico de migrantes y trata de personas en República Dominicana
El Poder Ejecutivo someterá al Senado de la República un proyecto de ley crucial para modificar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La iniciativa tiene como objetivo principal establecer sanciones más drásticas contra individuos y funcionarios públicos que se involucren en el tráfico de personas indocumentadas.
Este proyecto de ley es una pieza central dentro de un ambicioso plan de 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para abordar de manera integral la problemática de la migración irregular en el país.
Entre las medidas más relevantes que acompañarán esta reforma legal se encuentran:
- Endurecimiento de las sanciones dirigidas específicamente a funcionarios gubernamentales, tanto civiles como militares, que facilitan la entrada irregular de inmigrantes al territorio dominicano.
- Implementación de sanciones más severas para aquellos individuos que incurran en la reincidencia del delito de tráfico de personas.
- Establecimiento de nuevas sanciones para los propietarios de inmuebles que alquilan a personas sin un estatus migratorio regular en el país.
- Incorporación de 750 nuevos agentes migratorios para fortalecer la capacidad de control y fiscalización.
- Ampliación de las oficinas de control migratorio a nivel nacional para una mayor cobertura territorial.
- Modificación del reglamento de mercados con el fin de prevenir su utilización como vías para la migración irregular.
- Sugerencia formal para la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios , lo que permitiría una persecución más efectiva de estos delitos.
- Solicitud de colaboración a las alcaldías de todo el país para aumentar la eficiencia de los procesos de repatriación.
- Creación de un Observatorio Ciudadano que permita un seguimiento y análisis continuo de la política migratoria implementada.
- Realización de un estudio exhaustivo de la normativa migratoria vigente en el contexto de la compleja situación que atraviesa la vecina República de Haití.
- Implementación de medidas para la dominicanización del empleo en sectores clave como las zonas francas y el turismo.
- Requerimiento de documentación y la posible implementación de tarifas en hospitales públicos para personas indocumentadas, estableciendo la repatriación tras su recuperación en caso de no cumplir con los requisitos establecidos.
- Ampliación significativa de la capacidad de supervisión fronteriza mediante el despliegue de 1,500 soldados adicionales en la línea divisoria.
- Aceleración y expansión del proyecto de construcción del muro fronterizo como medida de control y seguridad.
- Realización de un llamado a la salida voluntaria de todas aquellas personas que se encuentren en condición migratoria irregular en el país, advirtiendo sobre la intensificación de las búsquedas y los procesos de repatriación.
Con estas medidas, el gobierno dominicano busca fortalecer la seguridad nacional, combatir las redes de tráfico ilícito de personas y garantizar una gestión migratoria más ordenada y conforme a la ley. Se espera que la modificación de la Ley 137-03 sea un paso fundamental para lograr estos objetivos.
