Transparencia Internacional alerta sobre estancamiento en la lucha contra la corrupción en América
Santo Domingo, R.D. – El continente americano no mostró avances significativos en la lucha contra la corrupción durante 2025, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado este martes por Transparencia Internacional. El informe coloca nuevamente a Venezuela (10 puntos) y Nicaragua (14 puntos) entre los países más corruptos, mientras que Estados Unidos registró un preocupante retroceso, alcanzando su puntuación más baja histórica con 64 puntos.
La región obtuvo una puntuación media de 42 sobre 100, reflejando altos niveles de corrupción estructural. Desde 2012, 12 de los 33 países americanos han empeorado considerablemente en sus indicadores. Solo República Dominicana (37 puntos) y Guyana (40 puntos) mostraron una leve mejora de un punto cada uno.
Democracias fuertes, pero vulnerables
Países como Uruguay (73 puntos), Canadá (75 puntos) y Barbados (68 puntos) se mantienen entre los mejores evaluados, aunque con señales de estancamiento. En contraste, Haití (16 puntos) continúa sumido en corrupción institucional y servicios públicos debilitados.
Incluso democracias sólidas como Costa Rica (56 puntos) y Uruguay enfrentan violencia alimentada por el crimen organizado, evidenciando que la corrupción impacta directamente en la seguridad y los derechos ciudadanos.
Casos destacados
- México (27 puntos), Brasil (35 puntos) y Colombia (37 puntos) muestran cómo el crimen organizado se ha infiltrado en la política.
- En Perú (30 puntos), la fiscalía investiga sobornos en programas de alimentación escolar.
- En Argentina (36 puntos) se indaga corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad.
- El Salvador (32 puntos) y Ecuador (33 puntos) han reducido el espacio cívico, debilitando la supervisión y la rendición de cuentas.
Estados Unidos en descenso
El informe destaca que EE.UU. ha retrocedido 12 puntos desde 2015, pasando de 76 a 64. Transparencia Internacional advierte sobre medidas recientes que socavan la independencia judicial y la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), además de recortes en la ayuda a la sociedad civil.
