Violencia y tensión marcan el sistema penitenciario dominicano: homicidios, suicidios frustrados y revelaciones impactantes
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha estado marcado por una creciente ola de violencia, con varios individuos involucrados en crímenes notorios que han perdido la vida dentro de las cárceles, mientras que otros han intentado quitarse la vida debido a las condiciones extremas. Estos eventos reflejan una creciente crisis de seguridad y control en las prisiones del país.
Uno de los casos más sobresalientes fue el de Rolando Florián Féliz, un narcotraficante y asesino conocido, quien fue abatido a tiros en 2009 en la cárcel de Najayo, tras un enfrentamiento con oficiales penitenciarios. Su muerte dejó un claro mensaje sobre el nivel de violencia dentro de estos centros.
Otro incidente de gran impacto fue el asesinato de Carlos Collares, quien estuvo implicado en el asesinato del senador Darío Gómez. Collares fue asesinado a puñaladas en la prisión de Monte Plata en 2002, un hecho que dejó al descubierto la falta de control sobre los reclusos más peligrosos.
Por otro lado, Argenis Contreras, condenado por el asesinato de Yuniol, intentó suicidarse recientemente en la cárcel de Najayo. Contreras ingirió pastillas y veneno en un intento de acabar con su vida, aunque fue rescatado a tiempo, poniendo de manifiesto el desgaste emocional y psicológico que sufren muchos presos dentro de las instalaciones penitenciarias.
En una revelación sorprendente, Ángel Martínez Candelario (Angito), conocido por ser el asesino del general Juan René Beauchamps Javier, reveló recientemente que fue contratado por un alto jefe militar para cometer el crimen. Según sus declaraciones, teme por su vida dentro de la prisión, lo que añade una capa más de tensión a la ya difícil situación que se vive dentro de las cárceles.
Estos incidentes muestran un panorama sombrío dentro del sistema penitenciario dominicano, donde la violencia, el crimen organizado y la falta de control parecen estar fuera de la mano de las autoridades. La situación exige una revisión urgente de las políticas y medidas de seguridad en las cárceles del país.