¡Drama humano en la frontera! Haitianos enfermos temen hospitales dominicanos por «cacería» migratoria; ONG denuncia «persecución» a embarazadas.

¡Alerta sanitaria y humanitaria en la frontera dominico-haitiana! La ONG Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) lanza una escalofriante advertencia: la vida de numerosos haitianos enfermos en República Dominicana corre grave peligro. ¿La razón? El miedo paralizante a ser expulsados de los hospitales, víctimas de las nuevas y drásticas medidas migratorias implementadas por el presidente Luis Abinader.

En una entrevista exclusiva con la agencia EFE, la coordinadora del GARR, Katia Bonté, denuncia con vehemencia esta alarmante vulneración de derechos, así como la «persecución» sistemática que sufren las mujeres embarazadas en los centros de salud dominicanos. Bonté también critica la pasividad de las autoridades haitianas ante la ola masiva de deportaciones de sus ciudadanos en situación migratoria irregular desde el vecino país.

Los números que maneja la ONG, con un trabajo constante en las zonas fronterizas, son escalofriantes: solo en el pasado mes de marzo, 17,390 haitianos fueron repatriados por República Dominicana, mientras que otros 9,782 fueron rechazados en la frontera al intentar ingresar sin la documentación requerida. A esta cifra se suman 18,147 personas que, ante la presión, optaron por retornar a Haití por sus propios medios.

«Hay una caza de mujeres embarazadas», denuncia Bonté con indignación, calificando esta práctica como «flagrante, incluso deshumanizadora». «La persona pierde toda su dignidad al dar a luz en la calle», enfatiza la coordinadora del GARR, revelando que en marzo, 77 mujeres en estado de gestación fueron devueltas a Haití (28 repatriadas, 26 retornadas voluntariamente y 23 rechazadas). La situación de los menores no acompañados es igualmente desgarradora, con 342 niños devueltos en el mismo período.

La polémica medida del Gobierno dominicano que exige a los pacientes en hospitales públicos presentar identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y cubrir los costos de los servicios recibidos ha generado un clima de terror entre la comunidad haitiana. Aquellos que no cumplen con estos requisitos son atendidos médicamente para luego ser deportados una vez recuperados.

El GARR también cuestiona la forma en que se están llevando a cabo las expulsiones, asegurando que «no se respeta el protocolo firmado en 1996 sobre repatriación. El protocolo estipula que se debe dar tiempo a la persona para recoger sus pertenencias. No dan ningún plazo para ello». Esta práctica inhumana genera una migración circular perversa, donde personas que han pasado 20 o 30 años trabajando en República Dominicana son devueltas sin sus pertenencias y, en muchos casos, dejando atrás a sus familias.

La coordinadora de la ONG relata con preocupación cómo los migrantes son detenidos en sus lugares de trabajo, niños son interceptados de camino a la escuela, y otros son arrestados en iglesias, calles o incluso en la intimidad de sus hogares.

Belladère, un infierno en la frontera

La situación en la frontera es «muy complicada», asegura Bonté, cuya organización lleva tres décadas documentando estas deportaciones. Si bien las expulsiones se concentran en los puntos fronterizos oficiales, la ciudad haitiana de Belladère se ha convertido, al menos desde octubre, en el principal punto de recepción de deportados desde República Dominicana. Allí, el GARR cuenta con un centro de acogida que hoy se ve desbordado.

Desde marzo, Belladère vive bajo el terror de los grupos armados que controlan la región del Plateau Central (centro de Haití), obligando a miles de personas a huir. A esta crisis se suman los violentos enfrentamientos entre bandas y la policía, así como el bloqueo de las carreteras, impidiendo la circulación de personas y bienes entre Belladère y el resto del país.

«En Belladère, la situación es bastante complicada debido al avance de las bandas en el Plateau Central. Esto hace que muchos migrantes que llegan tengan dificultades para regresar a sus comunidades de origen», explica Bonté, una realidad que se extiende a otras áreas fronterizas como Anse-à-Pitres (sureste) y Ouanaminthe (noreste).

La coordinadora del GARR denuncia que «las carreteras están controladas por las bandas y el acceso a ellas es extremadamente difícil y muy costoso. Si logran abrirse paso, es muy arriesgado y muy caro. Esto hace que muchas personas deportadas se queden en la frontera», sin recursos ni opciones.

Este bloqueo también afecta gravemente el suministro de ayuda humanitaria. La oficina central del GARR en Puerto Príncipe ve cómo sus escasas existencias en Belladère comienzan a agotarse.

«Estamos desbordados. El Estado está prácticamente ausente. Nuestro espacio está limitado a 60 personas, pero a veces recibimos entre 200 y 250. Nuestro presupuesto no estaba preparado para esto (…) No tenemos realmente los medios financieros para responder a esta afluencia de deportados», reconoce con angustia Bonté, quien lamenta no haber recibido ni una sola llamada de las autoridades haitianas.

Ante esta crisis humanitaria, el GARR hace un llamado urgente al Estado haitiano para que cree las condiciones necesarias para que sus ciudadanos puedan vivir con dignidad y seguridad en su propio país, generando empleo y garantizando la protección. Asimismo, la ONG insta a un diálogo urgente entre las autoridades de Haití y República Dominicana: «Es necesario un diálogo entre los Estados. Incluso pedir una especie de moratoria para determinadas categorías, como las personas mayores, las mujeres, los recién nacidos y los niños». El tiempo apremia, y la vida de miles de personas vulnerables pende de un hilo en esta silenciosa tragedia fronteriza.