Caso Camaleón: Hugo Beras y Jochi Gómez enviados a juicio de fondo por fraude en red semafórica

Santo Domingo.– La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo al exdirector del Intrant, Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a otros implicados en el caso Camaleón, acusados de adjudicar fraudulentamente un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Imputados enviados a juicio

• Hugo Beras, exdirector del Intrant
• José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), señalado como eje central del esquema
• Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico
• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant
• Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho
• Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant
• Carlos José Peguero Vargas
• Mariano Gustini
• Manuel Eduardo Mora Vázquez
• Henry Darío Féliz Casso

Empresas involucradas

• Transcore Latam S.R.L.
• Aurix S.A.S.
• Inprosol S.R.L.
• OML Inversiones S.R.L.
• PagoRD Xchange S.R.L.
• Industria Soltex Dominicana S.R.L.
• Dekolor S.R.L.

Acusaciones del Ministerio Público

El expediente detalla que los imputados habrían conformado una estructura criminal dedicada a la estafa contra el Estado, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico.

• Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos y control de sistemas semafóricos y videovigilancia.
• Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica.
• Otros imputados están acusados de falsificación de certificaciones, manipulación de licitaciones y desvío de fondos públicos.

Delitos imputados

Los acusados enfrentan cargos por:

• Coalición de funcionarios
• Asociación de malhechores
• Lavado de activos
• Desfalco
• Estafa contra el Estado
• Sabotaje tecnológico
• Robo de identidad
• Crímenes y delitos de alta tecnología

El juicio de fondo será la etapa en la que se presentarán las pruebas aportadas por el Ministerio Público para determinar la responsabilidad penal de los acusados en uno de los casos de corrupción tecnológica más relevantes del país.