Tribunal condena a 20 años de prisión a hombre por abuso contra menor en La Vega
La Vega.– Luego de una exhaustiva investigación encabezada por la Fiscalía de La Vega, un tribunal dictó una condena de 20 años de reclusión contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de 10 años, en un caso agravado por amenazas que forzaron a la víctima a permanecer en silencio durante años.
Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de La Vega impusieron la condena por los delitos de agresión sexual y abuso psicológico, destacando el impacto profundo que estos actos tuvieron en el bienestar de la menor.
Investigación y pruebas contundentes
La madre de la víctima presentó la denuncia luego de notar cambios en el estado emocional de su hija, quien terminó confesando los abusos sufridos durante sus visitas al hogar paterno.
El expediente judicial incluyó pruebas contundentes, entre ellas testimonios, documentos y evaluaciones médicas realizadas por especialistas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El fiscal litigante enfatizó ante los jueces la gravedad del daño psicológico causado a la víctima, resaltando el impacto de las amenazas constantes como un agravante del crimen. La menor presentó signos de ansiedad, miedo y vergüenza como resultado de la intimidación ejercida por su agresor.
Protocolo de protección a la víctima
La Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales implementó un protocolo especializado para minimizar la revictimización de la menor, asegurando un proceso de acompañamiento psicológico adecuado.
La sentencia fue emitida conforme a los artículos 309-1, 331, 332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, así como el artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-06 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las autoridades instaron a la sociedad a denunciar cualquier tipo de abuso infantil y reiteraron su compromiso con la aplicación rigurosa de la ley en casos que vulneren los derechos de menores de edad.
