SODOEM alerta sobre uso indebido de salas de emergencias para certificaciones médicas de detenidos
La Sociedad Dominicana de Emergenciología (SODOEM) manifestó su preocupación por la práctica cada vez más frecuente de trasladar grupos de ciudadanos arrestados durante operativos policiales a las salas de emergencias de hospitales, con el único propósito de obtener certificaciones médicas de “No lesiones” o “No tiene ninguna enfermedad”.
La entidad advirtió que esta situación contribuye al congestionamiento hospitalario y representa un riesgo tanto para los pacientes que requieren atención urgente como para los médicos responsables de emitir diagnósticos.
En un comunicado, SODOEM explicó que diariamente llegan a hospitales grupos de entre cinco y quince personas privadas de libertad para ser evaluadas antes de ingresar a un destacamento policial, ocupando espacio físico, recursos y tiempo médico en servicios que ya operan con altos niveles de saturación.
“El médico de emergencias no puede ser colocado en la disyuntiva de abandonar un infarto, un accidente cerebrovascular, un politraumatizado o un niño críticamente enfermo para emitir una certificación de una persona que no presenta una condición urgente. Esa situación es incompatible con una atención segura y de calidad”, expresó la organización.
La sociedad médica planteó la creación de Consultorios de Evaluación Médica para Personas Bajo Custodia, ubicados en destacamentos policiales o centros de retención, donde se pueda realizar una historia clínica completa, examen físico con privacidad y documentación de lesiones preexistentes. Solo en casos de verdadera urgencia médica se referiría al paciente a un hospital.
Asimismo, exhortó al Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio Público a establecer un protocolo nacional para la evaluación médica de personas privadas de libertad, evitando que las salas de emergencias continúen siendo utilizadas para funciones administrativas.
SODOEM reiteró su disposición de colaborar en la elaboración de una solución técnica que garantice tanto la protección de los derechos humanos como la seguridad de los pacientes y del personal médico.
